He aquí un factor común entre sectores, el problema de la autoría ante el público, el problema de saber “quién ha hecho qué”.

No me refiero a obras o edificios famosos, hablo del día a día. ¿Sabemos el nombre del arquitecto que ha hecho nuestra casa? Alguien dirá que si, en poblaciones pequeñas o viviendas unifamiliares, pero a nivel urbanita no serán muchos. Hay arquitecto porque la ley obliga a ello, pero su presencia es tan desconocida como la de los ingenieros que han proyectado las carreteras, puentes, túneles y líneas de metro y ferrocarril que usamos todos los días, desconocida salvo para acordarnos de ellos cuando algo falla o no nos gusta.

Vivimos en un mundo bipolar: anonimato o fama; o no sabemos quién lo ha hecho o si lo sabemos y es muy famoso. Aquí no hay grises, sólo blancos y negros.

Guardaba este estudio de HISPALYT sobre “La calidad de la vivienda en España” (pdf – 2.766 KB) desde hace tiempo, por esta pregunta, precisamente: ¿Cuáles son los aspectos más valorados en una vivienda?

Dice el estudio:

Tanto el prestigio de la constructora como la reputación del arquitecto son los dos aspectos que menos contemplan los posibles compradores de una vivienda. Probablemente influye en ello el hecho de que, en numerosas ocasiones, ni siquiera se informe de estas cuestiones en las memorias de calidades de los edificios.

Es de 2007 y alguien podría decir que está desfasado, pero no lo creo, esta es la realidad y hoy sería incluso peor. Si tienes un solar bien situado, comunicado, soleado y tranquilo puedes construir lo que quieras, se va a vender, lo firme un arquitecto o lo firme un ingeniero, igual que nadie valora quién ha proyectado una carretera o un puente, lo usan sin preguntar, nos guste o no.

Con una Ley de Servicios Profesionales que permite a todos «hacer de todo» más nos vale espabilar. Los ingenieros queremos que se reconozca nuestra labor pero nos escondemos en algo tan anónimo como “el servicio a la sociedad” y dejamos que sean los políticos quienes decidan sobre lo que deberían ser cuestiones técnicas meditadas, estudiadas y razonadas, ¿qué tal si empezamos a presentarnos como profesionales responsables?, ¿se ha planteado algún Colegio Profesional una buena campaña de publicidad?, no sería mala idea, teniendo en cuenta la cantidad de ingenierías que hay…

He aquí la presentación del borrador, de fecha 20 de diciembre (el archivo pdf está generado el 28 de diciembre, pero no parece una inocentada).

Las reacciones no se han hecho esperar. Según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectura de España:

«extender la reserva de actividad de la arquitectura a todas las ingenierías […] conllevaría su práctica desaparición, así como la destrucción de la arquitectura en nuestro país.» [Fuente]

Mientras que el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales replica con un:

«[…] como si el uso al que va a ser destinado el edificio fuera relevante a la hora de establecer la complejidad técnica en la fase de proyecto o de ejecución.» [Fuente]

Ambas declaraciones son más que discutibles. Decir que la arquitectura va a desaparecer es alarmista y exagerado, aunque quizá sí tengan que hacerlo quienes viven de los que se dedican a la arquitectura (es complicado, pero sé lo que me digo, léelo despacio). Por otro lado, me parece poco afortunado el escrito del COII, una cosa es decir que el uso no justifica una reserva de actividad y otra afirmar que el uso no es relevante. No, tampoco es eso.

La persona humana que hay detrás de este blog (servidor de usted), ha trabajado algunos años en edificación, que no arquitectura. En control de calidad, un tema sobre el que se podría escribir mucho (no siempre bueno), y en geotecnia, haciendo estudios geotécnicos y peritaciones en todo tipo de patologías relacionadas con el terreno, vamos, que conozco la parte «subterránea» del sector.

He tenido la suerte de trabajar con buenos y malos arquitectos, lo que aumenta todavía más la percepción relativa de unos sobre otros. Enfatizar lo negativo sobre lo positivo es un sesgo cognitivo de libro, así que me limitaré a hablar de los buenos arquitectos, profesionales que han trabajado como negros (nunca mejor dicho) para otros arquitectos y una vez establecidos por su cuenta siguen discutiendo y peleando planos, cuantías y lo que venga, agobiados por una maraña de normativas y leyes contradictorias entre sí, ansiosos por utilizar técnicas y materiales que los constructores se niegan a colocar (mucho menos pagar) y conscientes de ser los responsables si pasa algo.

Y no sé los demás, pero los que yo he tratado están hasta las mismísimas narices de la dichosa fama de “artistas”.

Se atribuye a Billy Wilder la frase «Austria ha conseguido convencer al mundo de que Beethoven era austríaco y Hitler era alemán«. Con la arquitectura ha pasado algo parecido. Políticos y constructores han conseguido que todas las culpas recaigan sobre los arquitectos, quedando ellos libres de todo mal. Existen culpables, por supuesto, pero no es justo juzgar el todo por la parte. Presenta a un arquitecto y la gente verá un «artista», jamás un profesional puteado.

Mi intención era continuar esta entrada con una recopilación de lo que se estaba escribiendo sobre el tema para analizar qué preocupa a cada quién, pero «Con Sentido (y) Crítico» se me ha adelantado con cuatro completas y detalladas entradas sobre «Lo que se dice sobre la #LSP: La perspectiva desde la«:

• Arquitectura 
• Arquitectura Técnica
• Ingeniería Civil
• Ingeniería Industrial
• … y no descarto que haya otra, que está prolífico

Leídos los enlaces, yo sigo pensando que todo esto responde a una mera motivación económica llamada «visado», es más, no me quito de la cabeza esa conocida cita de Adam Smith, de hace más de 200 años:

“Gente del mismo oficio rara vez se reúne para alegrarse o divertirse sin que la conversación termine en una conspiración contra el publico o en alguna estratagema para subir los precios”.

Visto lo visto (y en caso de que no haya más borradores), creo que los arquitectos tienen Arquitectura (con A mayúscula) para rato. Si todos podemos hacer de todo, alguien sobrará, efectivamente, pero no serán los arquitectos…

Curiosamente, unos días antes de conocerse el borrador el presidente del CICCP escribía sobre el tema en “Cinco Días” y ya dejaba caer la eliminación de las reservas de actividad, aunque parecía estar más preocupado por la pérdida del visado obligatorio. En cualquier caso, puestos a tener miedo, lo que de verdad asusta, y mucho, es esta frase:

“lo razonable es que el ejercicio profesional de las diferentes profesiones reguladas de ingeniería se fundamente en dicho marco”.

Atención al tema porque el “marco” al que se refiere es el plan Bolonia, si, el mismo marco que no ha sido capaz de homologar a los titulados de planes anteriores se pone ahora como ejemplo para regular el ejercicio profesional… Dios nos pille confesados si todo lo hacen igual de bien.

Señor Presidente, el cargo le permite hablar por los ICCP, pero eso no quiere decir que todos compartan su visión del asunto. Los ICCP estamos mucho más preocupados por el paro y la homologación del título #soymastereuropeo que por los visados de la Ley de Servicios Profesionales. Si tenemos que demostrar nuestra valía frente a otros titulados lo haremos, pero no juegue con nosotros…

EL FUTURO DE LAS PROFESIONES

La llamada Ley Ómnibus de 2009, transposición de una directiva europea de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior, fue un primer instrumento normativo para modificar y liberalizar el sector servicios y afectó de modo importante a las profesiones regladas, las ingenierías en particular. En concreto, introdujo 18 modificaciones a la Ley de Colegios Profesionales de 1974, preconstitucional por tanto, que había regulado hasta entonces el funcionamiento de dichas instituciones. Entre otras modificaciones, desaparecieron la colegiación obligatoria -que ya solo rige cuando así lo dispone una ley estatal-, la obligación del visado y la posibilidad de publicar baremos indicativos de precios de los diferentes servicios. El visado profesional quedó posteriormente regulado mediante el Real Decreto 1.000/2010, de 5 de agosto, que incluye la obligación del visado en la edificación y en ciertas obras relacionadas con explosivos y minería, pero no declara obligatorio el visado de ninguna obra pública, ni siquiera de aquellas de cuya solidez y estabilidad depende de forma muy obvia la seguridad de las personas.

En definitiva, se requiere certificación colegial para proyectar y construir un edificio de viviendas u oficinas pero no para diseñar y construir un puente o una presa. Aquella Ley Ómnibus disponía que en el plazo de un año se promulgaría una disposición también con rango de ley que determinase las profesiones para cuyo ejercicio sería obligatoria la colegiación. Y aunque circularon varios borradores del Gobierno anterior, aquella norma no llegó a promulgarse.

En septiembre pasado, el Gobierno aprobaba su plan estratégico de política económica, que habría de desarrollarse durante el primer semestre de 2013 y que incluía el envío al Parlamento de un proyecto de Ley de Servicios Profesionales encaminado a «fomentar la competencia en este segmento del sector servicios». El objetivo no es cuestionable, pero parece claro que hay que compatibilizarlo con otros designios tendentes a mantener la calidad de las prestaciones y de los servicios públicos a ellas vinculadas, y a preservar la buena salud y el elevado prestigio de nuestras empresas, en buena medida basado en la competencia irreprochable de los técnicos que trabajan en ellas.

Lógicamente, desconocemos los términos en que el Gobierno planteará su propuesta, pero algunas declaraciones todavía de carácter general y faltas de concreción han hecho cierto hincapié en la eliminación de la mayoría de las reservas de actividad, que se correspondían en el pasado con dominios de colegiación obligatoria. En este sentido, convendría prevenirse contra una excesiva desregulación de las profesiones técnicas, ya que, de un lado, es irreal asimilarlas entre sí como si fueran meras especialidades de una misma ingeniería -difícilmente las presas que proyecta el ingeniero de caminos podrán ser ejecutadas por el ingeniero naval, ni el buque que este construye podría quedar en manos de un ingeniero agrónomo-, y, de otro lado, la calidad de nuestros técnicos, que redunda en el ya mencionado e indudablemente reconocido prestigio internacional de nuestras empresas de ingeniería y de servicios, es consecuencia de la excelente preparación de nuestros ingenieros, clasificados por las especialidades que son usuales en la comunidad internacional.

En definitiva, y como ha manifestado la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros, la regulación que finalmente se plantee de las ingenierías «no puede ser ajena a la reciente adaptación que se ha realizado en España de las titulaciones universitarias para su adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior (Bolonia). Este nuevo marco (Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales) ha definido con claridad qué títulos universitarios habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas (con lo cual no existe problema para su identificación) y también ha establecido qué competencias se deben adquirir para ejercer determinadas profesiones. Por ello, lo razonable es que el ejercicio profesional de las diferentes profesiones reguladas de ingeniería se fundamente en dicho marco».

«Basta con un análisis de las diferentes órdenes que establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de las diferentes profesiones de ingeniero (aeronáutico, minas, navales, caminos, canales y puertos, montes, industrial, telecomunicación y agrónomo) para percatarse de que el núcleo general de conocimientos académicos es sumamente específico en cada una de las ramas de ingeniería. De esta forma, parecería absurdo que alguien que haya obtenido los conocimientos que le habilitan para ejercer una concreta profesión regulada de ingeniero -naval, industrial, de montes, etc.- pudiera disponer de atribuciones profesionales sobre un área ajena a sus conocimientos».

En lo relativo al visado, el citado Real Decreto 1.000/2010, de 5 de agosto, establece en el artículo 2 el visado obligatorio en los proyectos de ejecución de edificación, certificados de final de obra de edificación, proyectos de demolición de edificaciones y otros casos singulares relacionados con explosivos y con la minería. De nuevo hay que decir que es un sinsentido garantizar la idoneidad de quien proyecta un edificio y no de quien construye un puente, pongamos por caso. A nuestro juicio, el real decreto debería revisarse íntegramente con más ecuanimidad.

Por último, no cabe desconocer que el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos mantiene un seguro de responsabilidad civil que protege a todos los colegiados. Tal garantía para la sociedad solo tiene sentido en un marco regulatorio de reserva de actividad y de colegiación obligatoria. La desaparición del seguro dejaría desvalida en la práctica a la sociedad civil.

En suma, los ingenieros de caminos creemos que una mayor competencia en los servicios ha de ser positiva para la economía, pero no de manera desordenada ni exacerbada, si no queremos que la competitividad mal entendida termine deteriorando la solvencia de las prestaciones. Por lo mismo, nada nos agradaría más que poder participar con nuestro asesoramiento en la elaboración de las normas que ha de conjugar la liberalización efectiva de la economía con la preservación de la calidad de nuestras actuaciones empresariales y de la profesionalidad de nuestros técnicos, cuyo acomodo intelectual y personal en el seno de los colegios ha demostrado ser una salvaguarda para la excelencia.

Juan Antonio Santamera Sánchez
Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Cinco Días, 14 de diciembre de 2012 (enlace)

Es cierto, el colegio nos representa… y quizá demasiado. Estas últimas semanas, con motivo de la petición de firmas para la homologación del máster he estado hablando con muchos compañeros, y entre las muchas preguntas que surgían de la conversación destacaba siempre la misma: ¿Y qué hace el colegio?

Ayer, 17 de diciembre, el CICCP hizo algo, escribió esto en su web y en el Grupo de Ingenieros de Caminos de LinkedIn (las negritas son mías):

El Título de Ingeniero de Caminos y el máster.

La solución al problema del título reside en la transposición de la directiva europea que ya dispone la equivalencia al máster de los ingenieros egresados antes de Bolonia. A falta de dicha transposición, es innegable que la situación actual es anómala y genera indefensión e incertidumbre ya que, tras una carrera larga y con suficientes créditos, el título no tiene reconocida su equivalencia a máster.

Esta situación ejerce efectos en tres ejes fundamentales: uno, una falta de referencia académica de unos titulados que buscan empleo fuera de nuestras fronteras; dos, un agravio al no identificarse los méritos de los titulados pre-Bolonia y tres, una pérdida de competitividad de nuestras empresas en procesos de contratación con ingenieros de caminos de nuestro país.

El primer paso para resolver el problema y abarcar toda su complejidad normativa es identificar sus diferentes aristas en España y analizar las oportunidades, especialmente las vías abiertas en el ámbito del Espacio Común Europeo de Educación. Además, en Francia está plenamente transpuesta la Directiva de equivalencia entre títulos mediante un máster. L’École Nationale des Ponts et Chaussées aporta un modelo de éxito que debe servir como ejemplo, ya que el título menciona la ‘equivalencia al máster’ con lo que se elimina la inseguridad jurídica. Siguiendo este modelo en el ámbito europeo, en nuestro caso se debería añadir en el título un reconocimiento explícito de validez internacional que también expresara la equivalencia al Máster de Ingeniero de Caminos.

En este terreno, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, desde su estructura nacional, trabaja con la premisa de que corresponde al Ministerio de Educación adoptar las medidas normativas necesarias, ya que es el órgano competente de la administración que tiene la responsabilidad del Estado en la homologación de títulos.

Por ello, el Colegio, como representante de la profesión, ha trasladado al Ministerio su inquietud sobre el particular, y le ha informado de los graves perjuicios e inconvenientes, individuales y empresariales, que se generarían en el caso de no encontrar una solución idónea.

Como consecuencia de las conversaciones mantenidas, el Ministerio se ha comprometido a estudiarlo con rapidez, y esperamos que se produzca el resultado deseado.

El objetivo prioritario es que nuestros profesionales que buscan una salida internacional puedan presentar un título homologable con equivalencia en la UE y reconocido en todo el mundo.

Después de decir que estaba todo hecho y al día siguiente decir que era imposible, y de ignorar una carta al director firmada por 240 colegiados, el CICCP ha hablado… 21 días después de iniciarse la discusión en LinkedIn.

La situación de los Colegios Profesionales, en general, no es precisamente buena:

• La Comisión Nacional de la Competencia pide su transformación en Asociaciones Profesionales, al margen de titulaciones
• La Ley de Servicios Profesionales amenaza con «disolver» las competencias
• En los foros de LinkedIn se discute la «descolegiación» en masa y la creación de asociaciones
• Los colegiados no tienen más opcion que emigrar (hey, yo estoy en Bosnia-Herzegovina)
• Y los estudiantes saben que van directos a la cola del paro y ven que su ¿futuro? colegio no está haciendo nada

El CICCP tiene en estos momentos una oportunidad sin igual de ayudar a sus colegiados (salvo que descubra cómo crear trabajo, que sería todavía mejor). El reconocimiento del máster es el primer paso para encontrar trabajo fuera de España, conseguirlo es primordial, y para ello cuenta con el apoyo y el respaldo de muchos colegiados -entre los que me incluyo- en sus conversaciones con el Ministerio de Educación… porque si todo esto sale mal y la única opción para tener el máster es volver a pagarlo, mucho me temo que el colegio tenga que consultar el artículo 68 (y último) de los estatutos…

PD: Seguimos esperando un #soymastereuropeo en Twitter.

Actualización 8 de enero: La cuenta oficial del CICCP en Twitter ha utilizado el #soymastereuropeo.

#soymastereuropeo Además del contacto con el ministro, entrevista con la subdirectora general de Títulos y grupo de trabajo con la ANECA

— Colegio Ing. Caminos (@Colegiocaminos) January 8, 2013

• «nos hemos ido haciendo conscientes de que nuestra carrera tropieza con un problema de titulación».
• Las “intensas gestiones” efectuadas para lograr la homologación oficial con el máster van por buen camino.
• Los certificados que emiten el Colegio y las Escuelas no sirven.
• Lo importante de verdad es la ley de Servicios Profesionales.
• Van a probar a usar Youtube y, ya de paso, a renovar la web.

Vamos, que seguimos igual. Eso si, ya son conscientes del problema, algo es algo («nos hemos ido haciendo«, atención a la forma verbal).

El texto completo, a continuación:

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
EL PRESIDENTE
12 de diciembre de 2012

Estimados compañeros:

Me dirijo a vosotros en estas significadas fechas de fin de año para daros cuenta de lo realizado por el nuevo equipo de gobierno del Colegio, que me honro en presidir, desde que nos hicimos cargo de esta institución el pasado mayo.

La necesidad imperativa e inaplazable de adaptar el Colegio a las nuevas circunstancias -en especial la desaparición del visado obligatorio y la crisis económica, con su secuela de fortísimo desempleo para nuestra profesión- nos ha llevado a reestructurar la administración del Colegio y realizar un rediseño de su esquema de funcionamiento. Hemos conseguido así un modelo sostenible que ya ha alcanzado, de cara a 2013, por primera vez en varios años, el equilibrio presupuestario, a pesar de que estamos incrementando la prestación de servicios a los colegiados.

Conscientes de que en la actualidad el desempleo profesional sólo se paliará significativamente mediante la internacionalización de la oferta, nos hemos marcado como primero y principal objetivo una vasta acción en este sentido, así como en la búsqueda de nichos de empleo en actividades no tradicionales. Los resultados han empezado a verse y, con seguridad, se incrementarán en el futuro.

Al hilo de la internacionalización nuestra, y de nuestras empresas, nos hemos ido haciendo conscientes de que nuestra carrera tropieza con un problema de titulación: los ingenieros egresados antes de la reforma de Bolonia no poseen la titulación de Máster, pese a que la duración de los estudios y el número de créditos equivalen a tal titulación, que debería ser reconocida como tal por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Sin perjuicio de que las Escuelas y el propio Colegio puedan certificar la naturaleza de los estudios realizados, estamos efectuando intensas gestiones, que van por buen camino, para lograr la debida homologación oficial de nuestros estudios como Máster.

El Gobierno ha anunciado, asimismo, la inminente remisión al Parlamento del anteproyecto de ley de Servicios Profesionales, de la que depende la reserva de actividad de nuestra profesión y la obligatoriedad de la colegiación y del visado. También a este respecto estamos realizando intensas gestiones para divulgar la naturaleza de nuestro trabajo, la necesidad de garantizar la seguridad de sus destinatarios y de preservar el aseguramiento de responsabilidad civil que el Colegio proporciona a todos los colegiados.

Por último, deseo informar de que, por razones de eficiencia y de ahorro, todas las revistas y boletines del Colegio se refunden a partir de enero en una renovada Revista de Obras Públicas, que, sin perder su carácter técnico, incluirá análisis sobre la coyuntura, informará sobre las vicisitudes de la profesión, dará especial relevancia a la internacionalización de nuestros compañeros y empresas y servirá de vínculo de comunicación con nuestras administraciones. También hemos realizado un gran esfuerzo para que las jornadas que se celebren en el Colegio lleguen en directo a todos a través de videoconferencia por internet, amplificando de esta manera su difusión. Asimismo, en las próximas semanas se renovará la web del Colegio, que se vinculará a un boletín semanal que se remitirá a todos los colegiados.

Aprovecho gustoso esta ocasión para desearos unas felices fiestas y un año 2013 menos amargo y más esperanzador que éste que finaliza.

Juan A. Santamera Sánchez
Presidente

• En enero de 2011, cuando nuestro anterior Presidente del Gobierno afirmaba que los Colegios Profesionales eran “instituciones laborales con rigidez crónica”, su ministro de la Presidencia decía que el gobierno se estaba planteando suprimir algunos de ellos (sin dar más datos) y la Comisión Nacional de la Competencia (que insiste en acabar con la colegiación obligatoria desde 2008) incoaba un expediente sancionador contra los colegios de arquitectos, arquitectos técnicos y peritos e ingenieros técnicos industriales por vulneración de la competencia.

El post completo aquí → El gobierno quiere suprimir «algunos» colegios profesionales.

• En febrero de 2011 hubo otro artículo sobre el tema porque el borrador de la Ley de Servicios Profesionales del Ministerio de Economía [pdf, 63 KB] calificaba las distintas ramas de la ingeniería española como “anomalías” dentro del contexto europeo y abogaba por su eliminación para acometer “una nueva regulación de las atribuciones de ingeniería” que permitiera a cualquier ingeniero disponer de habilitación “para cualquier actividad profesional de las que ahora están reservadas a los ingenieros en sus distintas ramas y especialidades”.

El post completo aquí → ¿Reformas en la ingeniería? Si, pero con criterio, por favor.

• En abril de 2012 la Comisión Nacional de la Competencia publicó su “Informe sobre los Colegios Profesionales tras la transposición de la directiva de servicios” (pdf – 577 KB) en el que culpaba a los Colegios Profesionales de no haber adecuado su funcionamiento a las nuevas normativas liberalizadoras, al gobierno por no haber concretado todavía qué colegiaciones eran obligatorias, y a las autonomías por no haber actualizado sus leyes. Por supuesto, volvía a insistir en la eliminación de la colegiación obligatoria y la transformación de los Colegios Profesionales en Asociaciones Profesionales.

El post completo aquí → Los Colegios Profesionales no hacen los deberes, según la Comisión Nacional de la Competencia

Pues bien, seguimos igual. El pasado 18 de julio la Comisión Nacional de la Competencia analizó los estatutos del Colegio Oficial de Geólogos, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos y los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas, y concluyó que “siguen persistiendo algunas de las más importantes restricciones a la competencia recogidas en su Informe sobre los Colegios Profesionales de 2012” insistiendo, una vez más, en la necesaria y urgente aprobación de una ley de Servicios Profesionales que clarifique esta situación (nota de prensa – pdf – 33,4 KB).

Como me consta que muchos geólogos visitan el blog, enlazó aquí el informe de la CNC sobre las incorrecciones detectadas en los estatutos del Colegio Oficial de Geólogos (pdf – 139 KB – 15 páginas).

En cuanto a la Ley de Servicios Profesionales, Alfredo Pérez Rubalcaba dijo en mayo de 2011 que dicha ley estaría en el congreso antes del 30 de junio de 2011. De aquel tema nunca más se supo pero, curiosamente, Soraya Sáenz de Santamaría anunció la semana pasada que está prevista para el segundo semestre de 2012, lo malo es que ya estamos en el segundo semestre de 2012… si, winter is coming.

Es evidente (y después de leer el informe, todavía más) que padecemos una excesiva regulación, lo que no tengo tan claro es que se pueda arreglar liberalizando el mercado de un día para otro, ¿tiene sentido que los Colegios Profesionales se basen en la titulación, en lugar de la profesión?, ¿sería mejor crear asociaciones profesionales, independientemente de la titulación?, ¿qué hacemos ante el intrusismo, entonces?, ¿denunciamos a todo el que intente calcular algo sin tener la capacitación técnica necesaria?, ¿y eso quién lo decide?, ¿nosotros?, ¿las compañías de seguros que deben «respaldar» esos cálculos?, ¿el juez…?

Visto lo visto, a este paso sólo van a tener trabajo los abogados, en plan Penélope, haciendo y deshaciendo su propia creación, gobierno tras gobierno…

En fin, si quieres pegarle un vistazo, aquí tienes el informe:

Informe sobre los Colegios Profesionales tras la transposición de la directiva de servicios

 (que la colegiación no sea un requisito para ser perito judicial, pero sólo los colegios puedan hacer listas de peritos judiciales me ha encantado)

Está alborotado el gallinero estos días porque el último borrador de la Ley de Servicios Profesionales del Ministerio de Economía [pdf, 63 KB] califica a las distintas ramas de la ingeniería española de “anomalías” dentro del contexto europeo y aboga por su eliminación para acometer “una nueva regulación de las atribuciones de ingeniería” que permita a cualquier ingeniero disponer de habilitación “para cualquier actividad profesional de las que ahora están reservadas a los ingenieros en sus distintas ramas y especialidades”.

El alboroto está justificado, a nadie le gusta que le llamen “anomalía”, pero es que el borrador tampoco tiene desperdicio, especialmente el Apartado IV.4 “Reforma de la ingeniería”, que llega a decir que “la segmentación agrava el problema de la falta de titulados en ingeniería” (¿faltan?, ¡¡ pero si exportamos !!), aunque el Apartado V tampoco se queda atrás, con frases como “Esta reforma es compatible con los títulos universitarios actuales, ya que no se refiere al ámbito académico, sino al de las atribuciones profesionales […]”


Lo complicado del tema es que el Ministerio de Economía quiere podar las ramas de las ingenierías sin tocar las titulaciones, competencia del Ministerio de Educación, y eso le obliga a escribir frases como la anterior. Dice el borrador que la reforma de atribuciones profesionales no se refiere a los títulos académicos, pero resulta que son los títulos académicos los que permiten tener esas atribuciones profesionales. ¿Cómo lo arregla entonces?, muy fácil, eliminando las atribuciones por titulación con la rebuscada excusa de que todas las ingenierías “tienen un núcleo común de conocimiento suficiente”, es decir, que a igualdad de atribuciones profesionales, el borrador deja la puerta abierta a… estudiar la carrera más fácil y asequible, ni más ni menos que eso.
 

¿Qué falla en el sistema actual?

El sistema actual de “reservas profesionales” no es bueno ni malo, simplemente está anticuado (algo que también dice el borrador). Hoy por hoy, sólo se tienen competencias en aquello que ha sido examinado (y aprobado) en estudios oficiales. Podemos hacer cursos y tener mucha experiencia profesional, pero a la hora de demostrarlo, opositar a un puesto o firmar un proyecto, se necesita un título “oficial” que lo certifique, una firma “oficial” que lo garantice y un organismo “oficial” que se haga responsable de ello, lo cual lleva a una situación “oficial” absurda, que no sirve de nada estar al día porque no se puede demostrar.
 
¿Qué pretende el Ministerio de Economía?

Pues no lo tengo muy claro todavía. En ausencia de títulos “oficiales”, alguien tiene que asumir la responsabilidad de comprobar y valorar si la formación continua y la experiencia profesional mencionadas antes son reales o imaginarias, y las Compañías de Seguros tienen casi todos los boletos para encargarse de hacerlo, porque una vez dejen de ser obligatorios los Colegios Profesionales vamos a depender del Seguro de Responsabilidad Civil para poder trabajar.

De todos modos el borrador no dice nada al respecto así que tendremos que esperar y ver qué dice la ley definitiva.
 
¿Es un cambio a mejor?

El planteamiento es positivo, no se puede seguir con un sistema que no valora la formación continua, lo que ya no es tan positivo es la forma de hacerlo, porque tampoco es normal que, de un día para otro, se unifiquen todas las atribuciones y los que se han molestado en aprender y estudiar vean tirado por tierra todo ese esfuerzo, y eso lo digo con dos titulaciones y medio doctorado a mis espaldas.
 
Estamos hablando de un borrador, por supuesto, pero ¿no se pueden coordinar mejor el Ministerio de Economía y el de Educación?, ¿qué sentido tiene mantener tantas titulaciones entonces?, ¿se podrá ejercer nada más salir, como ahora o se impondrá un periodo de prácticas?, ¿qué criterio se va a usar en las oposiciones a partir de ahora?, ¿y en los organismos públicos?, ¿bajo qué baremos?, ¿qué va a exigir el Ministerio de Fomento en sus proyectos?, ¿y el ADIF?, ¿qué titulación debe tener un Director de Obra?, ¿es este borrador, simplemente, un pulso a los Colegios Profesionales…?

Más información:
 
– Cinco Días – El Gobierno eliminará las especialidades de ingeniería.

– Borrador 15-12-2010 de la Ley de Servicios Profesionales del Ministerio de Economía [pdf, 63 KB]

El enfrentamiento entre los Colegios Profesionales y el gobierno con motivo de la famosa Ley Ómnibus y su liberalización de servicios no es nuevo. En 2008, la Comisión Nacional de la Competencia instaba a acabar con la colegiación obligatoria, hace unos días el Presidente del Gobierno volvía a sacar el tema afirmando que los Colegios Profesionales son “instituciones laborales con rigidez crónica” y, justamente ayer, volvíamos a tener noticias al respecto, por dos vías distintas, además:

• Por un lado, Ramón Jáuregui, el ministro de la Presidencia, diciendo que el gobierno se estaría planteando suprimir «algunos» colegios profesionales. No dijo cuáles pero si cuándo, en próximas semanas, y lo hizo con un ejemplo poco meditado, que “en un periódico no sólo escriben periodistas titulados” (sic), y una frase lapidaria, “las reformas de hoy son el futuro de mañana” (sólo le faltó decir aquello de los polvos y los lodos).
• Y Por otro lado, la Comisión Nacional de la Competencia, con una oportuna nota de prensa sobre la incoación de un expediente sancionador contra los colegios de arquitectos, arquitectos técnicos y peritos e ingenieros técnicos industriales por vulneración de la competencia.

No tengo nada en contra del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (vale, la agenda que regalan me parece de chiste, pero ese es otro tema). Como profesional autónomo me gusta visar mis trabajos para contar con la protección del seguro y he de admitir que nunca he tenido el menor problema para hacerlo, al contrario, todo han sido facilidades.

El problema es otro, el problema es que el porcentaje de colegiados que visamos algo es ínfimo. Para el resto de colegiados, la gran mayoría, los que trabajan por cuenta ajena y no firman ni visan nada, el Colegio es sólo un gasto más y estarían encantados de quitárselo de encima, mientras que para los que trabajamos como autónomos, el visado es un Seguro de Responsabilidad Civil que, sin el colegio, no podríamos permitirnos.

¿Qué pasará si eliminan los colegios?

Nada, no pasará nada, absolutamente nada, mientras no toquen el fútbol en este país no pasará nada de nada… pero sin el respaldo legal del colegio se abre la veda para denunciar al ingeniero/arquitecto/lo-que-sea por cualquier cosa… y convendría que lo tuviéramos en cuenta, porque manejamos conceptos como «riesgo», «tolerancia», «periodo de retorno» y «factor de seguridad», y son conceptos que no siempre se entienden bien, fuera del sector.

Belle-Île-en-Mer, 17 de julio de 1683

Monseñor:

[…] hay algunos trabajos en los últimos años que no han terminado y que no se terminarán, y todo, Monseñor, por la confusión que causan las frecuentes rebajas que se hacen en sus obras, lo cual no sirve más que para atraer como contratistas a miserables, pillos e ignorantes, y ahuyentar a aquellos que son capaces de conducir una empresa. Y digo más, y es que retrasan y encarecen considerablemente las obras, porque esas rebajas y economías tan buscadas son imaginarias, y lo que hace un contratista que pierde es lo mismo que un naufrago que se ahoga: agarrarse a todo; y eso en el oficio de contratista es no pagar a los suministradores, dar salarios bajos, tomar peores obreros, engañar sobre todas las cosas y siempre pedir misericordia contra esto y aquello.

Y de ahí bastante Monseñor, para hacerle ver la imperfección de esa conducta; abandónela, pues, y en el nombre de Dios, reestablezca la buena fe: encargar las obras a un contratista que cumpla con su deber será siempre la solución mas barata que podréis encontrar.

Carta de Sébastien Le Prestre (1633 – 1707), Marqués de Vauban, Ingeniero Militar y Mariscal de Francia, a François Michel Le Tellier (1641 – 1691), Marqués de Louvois, ministro de guerra de Luis XIV (1638 – 1715), El Rey Sol.