«P. ¿Por qué es usted habitualmente crítico con la forma de trabajo en la obra civil española?

R. En los concursos españoles se da poca importancia al proyecto de ingeniería y piden hacerlos en la mitad de tiempo. Las constructoras españolas presentan proyectos apresurados sin revisar las condiciones del terreno u otros aspectos de la obra como se debieran y dan los precios más baratos del mercado. La consecuencia es un proyecto en revisión continua para corregir los problemas que surgen durante la obra.

La obra final es tan segura como si se hubiera hecho bien desde el principio, pero sale un 40% más cara por las revisiones. Otro problema es preponderar el criterio político sobre el técnico. Los políticos quieren ver terminadas las obras prometidas en su campaña electoral, y se hacen en cuatro años infraestructuras que requieren 10 años, multiplicando por 25 los recursos para ejecutarlas y a costa de estudios de planificación rigurosos sobre su necesidad. Esta forma de trabajo ha duplicado aeropuertos regionales con una infraestructura AVE proyectada para llegar a todas las capitales con más de 50.000 habitantes. La Administración debe sentarse con las ingenierías para realizar un plan coordinado de infraestructuras y sacar rendimiento a las que están en desuso.»

— Leonardo Benatov
Presidente Ejecutivo del Grupo EuroConsult
El País, 30 de agosto de 2013

“Sebastián de Covarrubias, en su libro de la Lengua Castellana de 1611, llama ingeniero «al que fabrica máquinas para defenderse del enemigo y ofenderle». Términos parecidos se recogen en el Diccionario Castellano de Terradas de 1786 o en las acepciones de la Real Academia Española, desde su cuarta edición de 1803, en la que se introduce el término por primera vez, hasta la decimotercera de 1884 en que como acepción única de Ingeniería aparece «arte que enseña a hacer y usar las máquinas y trazas de guerra», definición que también recoge el Diccionario Espasa-Calpe en su edición de 1922. No sin cierto asombro, hay que esperar a las ediciones de la RAE del siglo XX, para encontrar la definición de ingeniero separada de su exclusiva aplicación a la Defensa”.

— Ricardo Torrón Durán. Ingeniero Militar

Acostumbrados a tantas ramas distintas de la ingeniería (Minas, Caminos, Naval, Industrial, etc.), muchas veces se olvida que todas ellas surgieron de un tronco común, una «ingeniería» sin apellidos que hasta principios del siglo XVIII tuvo un propósito estrictamente militar. Así fue hasta 1718, año en el que Felipe V dicta una Real Ordenanza a sus ingenieros (militares) dando prioridad a la construcción de obras públicas para el «beneficio universal de los pueblos», una vez terminada la Guerra de Sucesión.

Unos años después, en 1779, se crea la sección de «Caminos, Puentes, Edificios de Arquitectura Civil y Canales de Riego y Navegación», todavía dependiente del estamento militar bajo el mando de Francisco Sabatini (con el título de Director Comandante), y en 1799 el «Cuerpo de Ingenieros de Caminos y Canales», tras lo cual funda Agustín de Betancourt la Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales en 1802, a semejanza del modelo francés, título que llega a nuestros días como «Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos» y que muchos países han mantenido como «Ingeniería Civil».

Es de suponer que la «nueva» ingeniería causó buena impresión, porque apenas unos meses después, en 1803, se aprueba la Ordenanza que separa las funciones de los ingenieros militares y los ingenieros de caminos, estableciendo que sean estos últimos los responsables de las obras públicas de carácter civil. Alea jacta est. El cambio del ingeniero militar al ingeniero de caminos/civil queda formalizado.

Pese a la Ordenanza, y como indica la cita, hubo que esperar hasta el siglo XX para encontrar una definición no militar de ingeniería en el diccionario de la RAE, y de eso trata justamente este discurso de ingreso en la Real Academia de Ingeniería del año 2002. Con el título de «La Lanza y el Escudo. La Ingeniería de Sistemas de Defensa«, el general Ricardo Torrón Durán proporciona un resumen de la ingeniería militar española como germen del resto de ingenierías posteriores así como un apunte de la evolución del conocimiento sistémico a lo largo de los últimos siglos, en el que se puede comprobar que la Lógica Cartesiana, el Análisis de Sistemas, la Investigación Operativa, la Prospectiva o las Tecnologías de la Información también han ido pasando del ámbito militar al civil.

“La Lanza y el Escudo. La Ingeniería de Sistemas de Defensa”. Ricardo Torrón Durán. 2002 [pdf – 531 KB]

Algo muy parecido se podría decir de los más o menos acertados «comunicados oficiales» surgidos desde todo tipo de estamentos, tuvieran o no idea sobre el tema, y en algunos casos, sin firma visible…

Frente a esa anónima actitud, replico aquí el de la Real Academia de Ingeniería, titulado «Lecciones y observaciones sobre el desgraciado accidente de Santiago de Compostela», firmado por Enrique Castillo Ron, viejo conocido de este blog.

***

LECCIONES Y OBSERVACIONES SOBRE EL DESGRACIADO ACCIDENTE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Por el académico Enrique Castillo Ron, Doctor Ingeniero de Caminos

Cuando ocurre un grave accidente, como el de Santiago, es habitual tratar de buscar responsables cuanto antes y escandalizarse porque no se hayan evitado los errores que inicialmente se consideran causa del mismo. Además, algunos expertos, y otros que no lo son, explican los porqués de la tragedia sin tener un conocimiento completo de todos los factores que inciden en el suceso (esto sólo es posible tras un análisis detallado de todos los elementos que pueden contribuir al accidente y algunos de éstos todavía no son conocidos por los medios de comunicación por falta de información disponible). Sin embargo, parece razonable hacerse una reflexión: ¿opinaban éstos lo mismo el día antes?, o ¿esa opinión se basa principalmente en la observación de lo ocurrido?. Si opinaban lo mismo ¿por qué no lo han comunicado? Si lo han hecho ¿por qué no se les ha prestado la atención debida? Finalmente, si no se les ha prestado esta atención, ¿debería habérseles prestado incluso ante la existencia de otras opiniones, algunas contradictorias? Todo esto indica que el tema de los accidentes es mucho más complejo de lo que parece a primera vista y especialmente cuando se opina tras un análisis que solo tiene un carácter superficial.

En mi experiencia profesional, he tenido que elaborar informes, alguno de ellos judicial, tras un accidente. Recuerdo, en particular, un deslizamiento de tierras que tuvo lugar durante la construcción de una presa en el que desgraciadamente quedaron sepultadas 11 personas. Es obvio que si el estudio se lleva a cabo tras el suceso y se hace correctamente tiene que dar como resultado que el talud tenía que deslizar, es decir que estaba en estado crítico y que, por tanto, su coeficiente de seguridad era la unidad, ya que deslizó. Sin embargo, la pregunta que deberíamos hacernos tanto nosotros como el juez es si el día antes del accidente hubiéramos elaborado el mismo informe o si hubiera sido otro distinto. Este ejemplo, aunque diferente del caso que nos ocupa, ilustra la enorme dificultad del problema de la justicia y del riesgo de ser poco objetivos.

Por otra parte, se sabe que la incidencia del error humano en los accidentes es altísima y en bastantes casos inevitable y que nadie está exento de dicho error. Resultaría paradójico que algunos de los que se distraen, exceden la velocidad en autopistas, atienden el móvil mientras conducen o ingieren alcohol inmediatamente antes de conducir fueran ahora los que arremeten contra el maquinista y no tuvieran un poco de comprensión hacia un fallo que desgraciadamente cualquiera puede cometer. Nadie quisiera pasar por la experiencia que vive y vivirá el maquinista, una persona que el día anterior era uno de nosotros.

Puesto que ya hay quien tiene la responsabilidad de dilucidar a quién corresponde la culpa o no del accidente, alguien debería dedicar su tiempo y esfuerzo a investigar con rigor las causas y a tomar nota y aprender de los errores cometidos y de las deficiencias existentes detectadas para reducir la probabilidad de que esto o algo análogo se repita en cualquier parte del mundo en un futuro.

A este respecto, no deja de resultar sorprendente que nuestros automóviles posean limitadores de velocidad de serie y que se pueda hoy adquirir un pequeño aparato para nuestro coche que localice nuestra posición, determine su velocidad y nos informe de la velocidad máxima permitida por 130 euros y que no exista algo similar, de serie y a un precio bajo, ya instalado en el ferrocarril produciendo el frenado del tren en caso de que esa velocidad máxima se exceda, ya que existen medios técnicos que resuelven estos problemas a muy bajo coste. Para un observador externo, resulta llamativo conocer el elevado coste de los sistemas de seguridad ASFA y ERTMS que actualmente se utilizan tanto en la red española como en las europeas. Téngase presente que los sistemas de señalización y comunicaciones fijas y móviles superan el millón de euros por kilómetro. Con todo esto, uno se pregunta si no habría que investigar sistemas de seguridad alternativos más económicos y fiables.

Todo lo anterior cuestiona los sistemas de seguridad actualmente en funcionamiento y algunos de los que se programan para el futuro, ya que hoy la tecnología ha evolucionado mucho y deja obsoletas ciertas soluciones que se plantearon hace solo unos pocos años. Ante estas alternativas cabe preguntarse si tiene sentido mantener las señales al lado de las vías en vez de informar en cabina (esto ya se hace en algunos sistemas), o si vale la pena utilizar balizas que son caras y vulnerables o emplear sistemas de comunicación propios, cuando existen otros de uso general mucho más baratos y fiables y que permiten tanto la replicación como la independencia de los sistemas, que son elementos básicos en el mundo de la fiabilidad. De todas formas, conviene recordar que la seguridad no se limita a controlar las velocidades de los trenes con respecto a las máximas permitidos, ni a garantizar que se respete el sistema de señalización, sino que son necesarias otras actuaciones conducentes a garantizar una correcta posición relativa de unos trenes con respecto a otros considerando sus posiciones, velocidades y sentidos de circulación. Además debería tenerse en cuenta el estado de la vía, la detección de obstáculos (objetos caídos en la vía, posibles deslizamientos de taludes, etc.), el estado de los desvíos o cambios de aguja, travesías, etc., es decir un análisis conjunto de la red ferroviaria.

Desgraciadamente, los protocolos de homologación de los sistemas de seguridad son lentos y costosos y, en parte, responsables de su encarecimiento y de esta falta de flexibilidad y de agilidad para adaptarse a las nuevas tecnologías. Nuestra sociedad debería hacer algo para evitar o, al menos, aliviar estos graves problemas y nuestros políticos, en vez de pelearse en el Parlamento, dedicar el tiempo a resolver estos problemas.

Habría que emplear el sistema público de investigación y desarrollo, porque la garantía de encontrar nuevas soluciones a estos temas está asegurada. Las Universidades y Centros de Investigación existentes en España tienen mucho que decir y que aportar. Estamos a la espera de que salga la convocatoria del Plan Nacional, en el que encajaría perfectamente esta investigación, e incluso sugerimos destinar algunos fondos (no hacen falta muchos) a este problema.

En resumen, con esta aportación, que quiere ser constructiva y no va contra nadie sino a favor de todos, queremos destacar algunos de los problemas que vemos y que estamos obligados a señalar. Reconocemos que puede haber aspectos en los que hay otras opiniones muy respetables y posiblemente contrarias a las nuestras, por lo que manifestamos que no nos creemos ni poseedores de la verdad ni con las ideas más brillantes. Bienvenidas sean todas las ideas que añadan, complementen y mejoren lo aquí expuesto. Nuestro objetivo es solo contribuir con nuestro granito de arena al bien común.

Enrique Castillo Ron
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Catedrático de la Universidad de Cantabria
Miembro de Número de la Real Academia de Ingeniería
Miembro de Número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

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«Ingeniería Civil en Canadá» es la versión web de una “Guía de la Ingeniería Civil en Canadá” que llevaba varios años circulando por la red en forma de documento (en noviembre de 2012 iba ya por la quinta versión) y demandaba una versión más dinámica y accesible, y vaya si lo ha conseguido.

Como él mismo dice en la página:

El objetivo principal de esta página web es plasmar mi experiencia, conocimientos y pensamientos sobre la ingeniería civil en Canadá y el mercado de ingeniería y construcción en el país. La intención es el explicar brevemente cómo funciona la ingeniería civil en Canadá y ayudar a aquellos compañeros que tengan la intención de buscar oportunidades profesionales en el país.

Por cierto, algo no muy conocido, en Canadá no podemos decir que somos ingenieros, al menos, no legalmente:

El uso de la palabra ‘engineer’ y sus derivados (engineering) tiene connotaciones legales y es ilegal llamarte ‘engineer’ si no se es un P. Eng. registrado con la asociación. Esto es importante cuando se llega al país como extranjero. Tarjetas de visita, CV (Resume) y otros documentos tienen que obviar la palabra ‘engineer’. Se puede decir que se han realizado estudios de ingeniería civil, y se puede decir que se ha sido ingeniero en otro país, pero no que se es ingeniero en Canadá.

(Nota: a los que critican esto, les recuerdo que en España solo un Ingeniero de Caminos se puede llamar así, y si un ingeniero con estudios en otro país presenta una tarjeta de visita diciendo que es ‘Ingeniero de Caminos’ nos parecería incorrecto).

Especialmente interesante también lo que dice sobre la “percepción” en Canadá del título español de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, una realidad muy distinta de la que mantienen los cauces “oficiales” (así nos va), pero eso dejaré que lo descubráis por vuestra cuenta (una pista, está en una sección llamada “obstáculos a salvar”, ¿os vais haciendo a la idea?).

¿Estás pensando en ir a trabajar en Canadá?, pulsa en los enlaces o en la imagen, accede a la web y empieza a leer… 

Muchas gracias, Eduardo, por tu trabajo y enhorabuena por ese nombramiento como delegado del CICCP en Canadá. 

La entrevista empieza con el (por ahora más mediático que efectivo) acuerdo entre Panamá y el Ministerio de Fomento, pasando después al problema de la homologación de los antiguos títulos pre-Bolonia de 5/6 años con los actuales grados de 4 años, tema que el Presidente explica más o menos bien, aunque la periodista no ayuda con sus comentarios, precisamente (no, no se trata de «que el Ministerio de Educación nos eche una manita«).

Santamera lleva preparada la lección y aprovecha la última parte de la entrevista para vender la ingeniería y el saber hacer de los ingenieros de caminos españoles. Resulta interesante el detalle de «desde el año 85 contamos con todos los dineros que vinieron de Europa«, quizá ese fue el germen de muchos problemas de la profesión, tanto dinero de golpe pero, bueno, ese es otro tema.

Además de eso, llaman la atención dos o tres cosas:

– El uso del término «ingeniero» de forma genérica, un error tan tonto como habitual que sólo sirve para restar credibilidad a la noticia («– Hijo, en la tele han dicho que Panamá busca ingenieros – Si mamá, pero es que los periodistas no se enteran, eso era para ingenieros de caminos y yo soy ingeniero ******* «, ¿le suena a alguien este diálogo?, pues eso).

– Se menciona el acuerdo de colaboración con Panamá destacando que los ingenieros españoles «andan muy necesitados de trabajo«… curiosa forma de decirlo, no se escucha mucho cuando hablan de algún otro sector en paro, la verdad.

– La periodista explica que Qatar busca 500 ingenieros, el Presidente le dice que sólo son 100. La periodista se asombra del sueldo y las condiciones y pregunta cuántos ingenieros han sido contratados ya, el Presidente le dice que todavía se están haciendo las entrevistas… alguien de la redacción no hizo bien su trabajo, preparando los datos.

Seamos prácticos. A nivel mediático son muy importantes los acuerdos internacionales, pero de poco sirven esos acuerdos si los títulos no son válidos fuera de España. Hoy por hoy, lo primero es la homologación del título pre-Bolonia con el Máster. Tras eso, salir fuera, trabajar duro, mostrar lo que podemos hacer y abrir camino a los que vienen detrás. Seamos solidarios por una puñetera vez, los que tienen experiencia deben abrir camino a los que no la tienen, en lugar de discutir sobre qué escuela era más difícil, joder, que parecemos tontos.

En resumen, que la homologación del título sigue en marcha y sin fecha, por mucho que nos guste ese «seguramente para después de Semana Santa…»

El tema se trata a partir del minuto 15 (con un breve espacio de publicidad entre 30:50 y 34:10) y, como suele pasar, la conversación ha tocado muchos otros temas, como las Redes Sociales, Linkedin, la presencia en Google, los «créditos Bolonia» o la (escasa) respuesta de las empresas españolas hacia la iniciativa #soymastereuropeo y todo lo relacionado con Internet, en general… como todos sabemos.

Podéis escuchar el programa pulsando en el enlace inferior:

Marta Serrano y Luis Andrés en Gestiona Infraestructuras, 19-febrero-2013

Próxima cita en Gestiona Radio, antes de Semana Santa, para comentar el presunto borrador que deberíamos tener ya por esas fechas. Hasta entonces ya sabes que tienes todas las novedades en el blog #soymastereuropeo.

PD: Para los geotécnicos, hay un diálogo muy explícito en el instante 35:45, hablando sobre el coste de un kilómetro de AVE…

A dicha reunión asistieron Luis Andrés, Juan Manuel de Lázaro, Carlos César Álvarez, Manuel de  Lucas y Marta Serrano, cinco nombres que ya debes conocer si has estado al tanto del tema, ya sea en Twitter, Linkedin o facebook, etiquetado con el hashtag #soymastereuropeo.

Como puntos más importantes de la reunión cabe destacar:

• La Subdirección de Títulos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte trabaja ya en el borrador.

• En principio, la homologación será directa para las carreras de (al menos) 5 años o más de 300 ECTS.

• Aún no se sabe qué figura legal adoptará la resolución, ¿Real Decreto?, ¿Orden Ministerial?

• Se estima que el primer borrador puede estar preparado en unas dos semanas.

• Se pretende que la acreditación sea visible en el título, mediante un sello o una apostilla del Ministerio, evitando así tener que mostrar certificados adicionales.

• La próxima reunión está prevista para finales de febrero.

Esto es sólo un resumen del post, tenéis toda la información (y mucho más) pulsando en la imagen inferior: 

De paso, Ana Pastor aprovechó también para anunciar un convenio para “el desarrollo profesional en el exterior de los ingenieros de caminos”, cosa que suena muy bien pero que nadie sabe todavía en qué va a consistir, exactamente (y me apostaría algo a que nunca volveremos a saber del tema, que estas cosas quedan muy bien en prensa pero luego…).

“El objetivo fundamental de una obra de atraque y amarre es proporcionar a los buques unas condiciones adecuadas y seguras para su permanencia en puerto y/o para que puedan desarrollarse las operaciones portuarias necesarias para las actividades de carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo así como embarque y desembarque de pasajeros, vehículos y mercancías que permitan su transferencia entre buques o entre éstos y tierra u otros medios de transporte.”

Esta nueva edición anula las anteriores ROM 0.2-90 y 2.0-08 y se presenta en dos tomos. El Tomo I (148 páginas) engloba los capítulos más generales (tipos de obras de atraque y amarre, y dimensionamiento en planta y alzado) mientras que el voluminoso Tomo II (468 páginas) se dedica íntegramente a los “Estados y situaciones de proyecto”, manteniendo esa perspectiva probabilista tan peculiar de las recomendaciones que pronto deberíamos adoptar con los Eurocódigos.

Las Recomendaciones tienen un precio de 60 € (15 € + 45 €) pero Puertos del Estado permite su libre descarga desde la página web, lo cual es de agradecer.

Como ya pasó con las «Recomendaciones Geotécnicas para Obras Marítimas y Portuarias (ROM 0.5-05)» o la «Guía de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas», los dos tomos del documento se distribuyen en varias partes (en 10 archivos pdf, concretamente). Como en anteriores ocasiones he preferido “agruparlo” en un único fichero, más “pesado” de manejar pero también más cómodo a la hora de buscar algo específico, en mi opinión (un simple CTRL+F y lo tienes todo localizado).

Dejo aquí el enlace al documento en un único fichero por si alguien lo quiere descargar, si prefieres la versión “en fascículos” puedes descargar los ficheros desde la página de Puertos del Estado.

 ROM 2.0-11: Recomendaciones para el Proyecto y Ejecución en Obras de Atraque y Amarre (pdf – 12,8 MB) 

He aquí un factor común entre sectores, el problema de la autoría ante el público, el problema de saber “quién ha hecho qué”.

No me refiero a obras o edificios famosos, hablo del día a día. ¿Sabemos el nombre del arquitecto que ha hecho nuestra casa? Alguien dirá que si, en poblaciones pequeñas o viviendas unifamiliares, pero a nivel urbanita no serán muchos. Hay arquitecto porque la ley obliga a ello, pero su presencia es tan desconocida como la de los ingenieros que han proyectado las carreteras, puentes, túneles y líneas de metro y ferrocarril que usamos todos los días, desconocida salvo para acordarnos de ellos cuando algo falla o no nos gusta.

Vivimos en un mundo bipolar: anonimato o fama; o no sabemos quién lo ha hecho o si lo sabemos y es muy famoso. Aquí no hay grises, sólo blancos y negros.

Guardaba este estudio de HISPALYT sobre “La calidad de la vivienda en España” (pdf – 2.766 KB) desde hace tiempo, por esta pregunta, precisamente: ¿Cuáles son los aspectos más valorados en una vivienda?

Dice el estudio:

Tanto el prestigio de la constructora como la reputación del arquitecto son los dos aspectos que menos contemplan los posibles compradores de una vivienda. Probablemente influye en ello el hecho de que, en numerosas ocasiones, ni siquiera se informe de estas cuestiones en las memorias de calidades de los edificios.

Es de 2007 y alguien podría decir que está desfasado, pero no lo creo, esta es la realidad y hoy sería incluso peor. Si tienes un solar bien situado, comunicado, soleado y tranquilo puedes construir lo que quieras, se va a vender, lo firme un arquitecto o lo firme un ingeniero, igual que nadie valora quién ha proyectado una carretera o un puente, lo usan sin preguntar, nos guste o no.

Con una Ley de Servicios Profesionales que permite a todos «hacer de todo» más nos vale espabilar. Los ingenieros queremos que se reconozca nuestra labor pero nos escondemos en algo tan anónimo como “el servicio a la sociedad” y dejamos que sean los políticos quienes decidan sobre lo que deberían ser cuestiones técnicas meditadas, estudiadas y razonadas, ¿qué tal si empezamos a presentarnos como profesionales responsables?, ¿se ha planteado algún Colegio Profesional una buena campaña de publicidad?, no sería mala idea, teniendo en cuenta la cantidad de ingenierías que hay…

Curiosamente, unos días antes de conocerse el borrador el presidente del CICCP escribía sobre el tema en “Cinco Días” y ya dejaba caer la eliminación de las reservas de actividad, aunque parecía estar más preocupado por la pérdida del visado obligatorio. En cualquier caso, puestos a tener miedo, lo que de verdad asusta, y mucho, es esta frase:

“lo razonable es que el ejercicio profesional de las diferentes profesiones reguladas de ingeniería se fundamente en dicho marco”.

Atención al tema porque el “marco” al que se refiere es el plan Bolonia, si, el mismo marco que no ha sido capaz de homologar a los titulados de planes anteriores se pone ahora como ejemplo para regular el ejercicio profesional… Dios nos pille confesados si todo lo hacen igual de bien.

Señor Presidente, el cargo le permite hablar por los ICCP, pero eso no quiere decir que todos compartan su visión del asunto. Los ICCP estamos mucho más preocupados por el paro y la homologación del título #soymastereuropeo que por los visados de la Ley de Servicios Profesionales. Si tenemos que demostrar nuestra valía frente a otros titulados lo haremos, pero no juegue con nosotros…

EL FUTURO DE LAS PROFESIONES

La llamada Ley Ómnibus de 2009, transposición de una directiva europea de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior, fue un primer instrumento normativo para modificar y liberalizar el sector servicios y afectó de modo importante a las profesiones regladas, las ingenierías en particular. En concreto, introdujo 18 modificaciones a la Ley de Colegios Profesionales de 1974, preconstitucional por tanto, que había regulado hasta entonces el funcionamiento de dichas instituciones. Entre otras modificaciones, desaparecieron la colegiación obligatoria -que ya solo rige cuando así lo dispone una ley estatal-, la obligación del visado y la posibilidad de publicar baremos indicativos de precios de los diferentes servicios. El visado profesional quedó posteriormente regulado mediante el Real Decreto 1.000/2010, de 5 de agosto, que incluye la obligación del visado en la edificación y en ciertas obras relacionadas con explosivos y minería, pero no declara obligatorio el visado de ninguna obra pública, ni siquiera de aquellas de cuya solidez y estabilidad depende de forma muy obvia la seguridad de las personas.

En definitiva, se requiere certificación colegial para proyectar y construir un edificio de viviendas u oficinas pero no para diseñar y construir un puente o una presa. Aquella Ley Ómnibus disponía que en el plazo de un año se promulgaría una disposición también con rango de ley que determinase las profesiones para cuyo ejercicio sería obligatoria la colegiación. Y aunque circularon varios borradores del Gobierno anterior, aquella norma no llegó a promulgarse.

En septiembre pasado, el Gobierno aprobaba su plan estratégico de política económica, que habría de desarrollarse durante el primer semestre de 2013 y que incluía el envío al Parlamento de un proyecto de Ley de Servicios Profesionales encaminado a «fomentar la competencia en este segmento del sector servicios». El objetivo no es cuestionable, pero parece claro que hay que compatibilizarlo con otros designios tendentes a mantener la calidad de las prestaciones y de los servicios públicos a ellas vinculadas, y a preservar la buena salud y el elevado prestigio de nuestras empresas, en buena medida basado en la competencia irreprochable de los técnicos que trabajan en ellas.

Lógicamente, desconocemos los términos en que el Gobierno planteará su propuesta, pero algunas declaraciones todavía de carácter general y faltas de concreción han hecho cierto hincapié en la eliminación de la mayoría de las reservas de actividad, que se correspondían en el pasado con dominios de colegiación obligatoria. En este sentido, convendría prevenirse contra una excesiva desregulación de las profesiones técnicas, ya que, de un lado, es irreal asimilarlas entre sí como si fueran meras especialidades de una misma ingeniería -difícilmente las presas que proyecta el ingeniero de caminos podrán ser ejecutadas por el ingeniero naval, ni el buque que este construye podría quedar en manos de un ingeniero agrónomo-, y, de otro lado, la calidad de nuestros técnicos, que redunda en el ya mencionado e indudablemente reconocido prestigio internacional de nuestras empresas de ingeniería y de servicios, es consecuencia de la excelente preparación de nuestros ingenieros, clasificados por las especialidades que son usuales en la comunidad internacional.

En definitiva, y como ha manifestado la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros, la regulación que finalmente se plantee de las ingenierías «no puede ser ajena a la reciente adaptación que se ha realizado en España de las titulaciones universitarias para su adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior (Bolonia). Este nuevo marco (Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales) ha definido con claridad qué títulos universitarios habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas (con lo cual no existe problema para su identificación) y también ha establecido qué competencias se deben adquirir para ejercer determinadas profesiones. Por ello, lo razonable es que el ejercicio profesional de las diferentes profesiones reguladas de ingeniería se fundamente en dicho marco».

«Basta con un análisis de las diferentes órdenes que establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de las diferentes profesiones de ingeniero (aeronáutico, minas, navales, caminos, canales y puertos, montes, industrial, telecomunicación y agrónomo) para percatarse de que el núcleo general de conocimientos académicos es sumamente específico en cada una de las ramas de ingeniería. De esta forma, parecería absurdo que alguien que haya obtenido los conocimientos que le habilitan para ejercer una concreta profesión regulada de ingeniero -naval, industrial, de montes, etc.- pudiera disponer de atribuciones profesionales sobre un área ajena a sus conocimientos».

En lo relativo al visado, el citado Real Decreto 1.000/2010, de 5 de agosto, establece en el artículo 2 el visado obligatorio en los proyectos de ejecución de edificación, certificados de final de obra de edificación, proyectos de demolición de edificaciones y otros casos singulares relacionados con explosivos y con la minería. De nuevo hay que decir que es un sinsentido garantizar la idoneidad de quien proyecta un edificio y no de quien construye un puente, pongamos por caso. A nuestro juicio, el real decreto debería revisarse íntegramente con más ecuanimidad.

Por último, no cabe desconocer que el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos mantiene un seguro de responsabilidad civil que protege a todos los colegiados. Tal garantía para la sociedad solo tiene sentido en un marco regulatorio de reserva de actividad y de colegiación obligatoria. La desaparición del seguro dejaría desvalida en la práctica a la sociedad civil.

En suma, los ingenieros de caminos creemos que una mayor competencia en los servicios ha de ser positiva para la economía, pero no de manera desordenada ni exacerbada, si no queremos que la competitividad mal entendida termine deteriorando la solvencia de las prestaciones. Por lo mismo, nada nos agradaría más que poder participar con nuestro asesoramiento en la elaboración de las normas que ha de conjugar la liberalización efectiva de la economía con la preservación de la calidad de nuestras actuaciones empresariales y de la profesionalidad de nuestros técnicos, cuyo acomodo intelectual y personal en el seno de los colegios ha demostrado ser una salvaguarda para la excelencia.

Juan Antonio Santamera Sánchez
Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Cinco Días, 14 de diciembre de 2012 (enlace)